LOS CACHICAMOS

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL

Conflicto de Poderes

Por : Luis Enrique Gil Graterol

23/10/2016

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Ante las medidas cautelares dictadas por 4 tribunales penales de la República, de los estados Bolívar, Aragua, Apure y Monagas, en las que admiten denuncias penales contra miembros de la MUD, ordenando la suspensión del proceso habilitado por esta organización para la actividad de recolección del 20% de las firmas de electores, necesarias para convocar el Referéndum Revocatorio del mandato presidencial del Presidente Maduro.

 

1. El Consejo Nacional Electoral en acatamiento de las medidas judiciales y en cuanto estas afectan la dinámica del RR a nivel nacional, decide suspender el proceso en general y hacer votos para que se produzca el necesario diálogo para abordar la crisis planteada en Venezuela. En una decisión jurídicamente muy criticada y mediante un pronunciamiento, apenas publicado en su portal oficial.

 

2. La oposición convoca actividades de protesta que no generan alteración notoria del orden público y presión sensible a los actores de poder. Y se ha convocado a Sesiones de la Asamblea Nacional para discutir una supuesta reconstitución del hilo constitucional, esta convocatoria es asumida por los seguidores opositores como el momento crucial de esta lucha, dado que podría plantearse y discutirse un severo cuestionamiento a la legitimidad y legalidad del mandato del presidente.

 

3. Ahora bien, cabría preguntarse el por qué no se han tomado estas medidas antes de que la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ declarase a la AN en desacato por no haber desincorporado a los tres diputados del estado Amazonas cuestionado en su elección, y como consecuencia de esta sentencia la declaratoria de ineficacia jurídica a todos los actos del Poder Legislativo, mientras exista la condición de inobservancia de la sentencia anterior de la Sala Electoral.

 

4. Y, si fuera el caso, que la AN entrará en el acatamiento de la citada sentencia y recobrará su eficacia jurídica, y tomará en la Sesión de hoy alguna medida que afectará al ejecutivo. Habría alguna fuerza fáctica (militar, policial o judicial) que pudiera obligar al ejecutivo o al poder electoral a acatarla.

 

 Sin duda alguna, estamos en un momento crucial de la diatriba de Poderes en Venezuela. Estamos en un momento de realidades concretas, no de realidades jurídicas. Es la fuerza que detenten los actores y su capacidad de hacerse ejecutar los actos que de ellos emanen, en donde está la clave del desenlace. Si observamos el panorama y nos preguntamos; quién maneja la fuerza y quien maneja lo judicial podríamos estar algo claros de hacia dónde podría inclinarse el desenlace. Pero, también existe una ciudadanía descontenta y anhelante de cambio digna de ser tomada en consideración y que torna más compleja la dinámica. De la capacidad que tenga esa mayoría para hacerse escuchar y obedecer, está la posibilidad de variar el orden de cosas planteado. Hasta ahora no vemos organicidad política ni capacidad de influir para acometer cambios abruptos ni sensibles. Toca dialogar y replantearse estrategias de ambos bandos. El gobierno requiere resolver la crisis y la oposición se juega su existencia.

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